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Empleados y ciudadanos planean denunciar penalmente a Iberia

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Reunidos en asociación, han encargado un informe pericial como base

Empleados y ciudadanos planean denunciar penalmente a Iberia

  • El bufete Moreno-Luque prepara acciones judiciales por la vía civil, administrativa y penal
  • La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia cuenta ya con más de 1.500 afiliados
19 marzo, 2013 || Por N. Blanes

    La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia (AADIB), creada en diciembre de 2012, ha encargado a una consultora un informe pericial “comprensivo de la situación de Iberia e IAG” con la intención de que sirva de fundamento legal para que el bufete Moreno-Luque Abogados disponga las acciones judiciales a interponer. El documento puede estar finalizado en el plazo de uno o dos meses, tras lo cual se pasaría a la fase de demanda y denuncia por la vía civil, contencioso-administrativa y penal.

    Los impulsores de la AADIB han conseguido ya 1.500 afiliados entre trabajadores, familiares de empleados, jubilados, accionistas y ciudadanos preocupados por la situación de la compañía aérea. Su finalidad es reunir pruebas y denunciar a la dirección ejecutiva de Iberia por las responsabilidades que les atribuyen en la deriva de Iberia, de la que también culpan en parte al Gobierno actual y a los anteriores.

    Javier Antón Burgos, profesor de la UCM, analista en transporte aéreo y ex empleado de Iberia, convertido en vicepresidente de la AADIB, ha explicado a preferente.com que cada socio paga 50 euros de cuota única y que el objetivo inmediato es “conseguir una masa social de 2.000 personas para, con ese dinero, pagar un informe pericial encargado a la consultora financiera LFCastañeda EAFI”. Otro propósito de la organización es difundir la realidad de Iberia a través de conferencias, reuniones, estudios y otras manifestaciones públicas.

    Los integrantes de la nueva entidad cívica están de acuerdo en señalar a British Airways como el único beneficiado de la fusión en el holding IAG, violando las salvaguardas firmadas hasta 2016. “British está forzando prácticas fraudulentas con figura penal”, asegura el profesor, que ha señalado como posibles delitos el “desvío de flujos de caja de Iberia a British Airways para su fondo de pensiones, que el equipo directivo ejecutivo siga las órdenes de Londres en beneficio de IAG, que se firmara la compra del Brent para aviación a 140 dólares, cuando su coste ronda entre 65 y 70, el fichaje de un destructor de empresas como jefe Comercial, la firma de un convenio de British Airways con la Royal Air Force para la formación de pilotos, las prácticas comerciales, los precios…”.

    La asociación considera también responsable al Gobierno, “independientemente de su color político”, pues con su 2’5% de participación a través de la Sepi y el 12% de la nacionalizada Bankia en IAG es un “inversor estratégico”. Ante ello, y ante el peso de Iberia en el mercado laboral español y en el sector turístico, que genera el 12% del PIB, Javier Antón Burgos se pregunta: “¿Por qué Pastor no hace nada?”.